Una crisis que nos afecta a todos

Descrédito institucional, paranoia colectiva, desconfianza ciudadana. Esos son los efectos de toda una crisis de seguridad que hemos venido viviendo desde hace algunos años y que, desde mi punto de vista, tiene su génesis en el descalabro de nuestro sistema de justicia y el atropello diario al Estado de derecho.

Los ciudadanos deben ser concientes de que todo, absolutamente todo está interrelacionado. La crisis de justicia afecta, indudablemente, las condiciones en que las fuerzas del orden enfrentan al crimen organizado, y, a su vez, les resta potencial para hacer frente a la delincuencia pues la impunidad que se logra a través de ciertos jueces y fiscales corruptos, permite a esa criminalidad infiltrarse en esas fuerzas que están destinadas a salvaguardar la seguridad de todos.

En otras palabras, los ciudadanos deben comprender de una vez que aquella crisis institicional judicial, a la que probablemente sienten lejana y por ello la minimizan, en realidad está afectando directamente su día a día y el de sus familias con medidas como, por ejemplo, la restricción de circulación en las noches, dispuesta por decreto presidencial. No podemos ser indiferentes como sociedad ante lo que está pasando, ante el asesinato de agentes fiscales y jueces que son quienes en realidad se hallan en la primera línea de la lucha contra las mafias.

No podemos ser indiferentes ante una realidad que el Ecuador arrastra hace algunos años y que se refiere a la incapacidad de la nación para controlar sus cárceles. El Presidente Daniel Noboa ha emprendido con decisión una lucha contra el crimen y las Fuerzas Armadas están mostrando su capacidad para someter a los delincuentes, pero ¿qué va a pasar con los criminales que detengan? ¿Los van a encerrar en las mismas cárceles que están controladas por los capos mafiosos y de las que pueden escapar, sin importar la peligrosidad que ostentan?

Esta lucha debe ser integral y es necesario que comience garantizando las mejores condiciones de seguridad para que jueces y fiscales realicen su trabajo sin temor, pero también saneando una entidad como el Consejo de la Judicatura que viene a ser un ‘juez de jueces’, de manera que pueda sancionar con todo el rigor a aquellos funcionarios que han sido corrompidos por el dinero sucio de los cárteles y organizaciones delincuenciales.

Esta lucha debe comenzar, simultáneamente, haciendo una intervención radical en la SNAI, para que puede ser efectivamente la entidad que asuma absoluto control de los centros de detención, con equipamiento, seguridad y capacitación para sus funcionarios ideoneos, desterrando de una vez el desastroso cáncer de la corrupción que ahora lo asola.

Los ciudadanos debemos estar concientes de que esta lucha contra el crimen no comienza ni termina con una intervención emergente de fuerzas armadas. Esta lucha es diaria, es de todo un país, de la gente y de sus instituciones, y necesita de la intervención coordinada de todas las entidades del Estado para recuperar un bien colectivo que jamás debió ponerse en riesgo como lo es la seguridad ciudadana.