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No existe sistema jurídico exento de la permanente tensión entre el espíritu de la ley —la intención ética y social detrás de su creación— y su interpretación taxativa, que se remite estrictamente a lo expresado en el texto legal. En países desarrollados, esta aparente dicotomía se gestiona procurando mantener un delicado equilibrio entre ambas dimensiones, pero en otras sociedades, como la ecuatoriana, la paradójica coexistencia de interpretación ética e interpretación literal de la ley puede afectar gravemente la estabilidad democrática y judicial de la nación.
El espíritu de la ley busca interpretar normas en función de sus objetivos originales, permitiendo cierta flexibilidad para abordar contextos cambiantes o excepciones no previstas. Por otro lado, la interpretación taxativa se apega al texto de la ley de forma estricta, dejando poco espacio para análisis subjetivos.
Para nadie es extraño que en el Ecuador ciertas decisiones políticas y administrativas han generado debate sobre su alineación con el espíritu de la Constitución y las leyes. En ello se ubica, por ejemplo, la interpretación del Ejecutivo sobre las competencias constitucionales para declarar estados de excepción. Aunque legalmente permitido, el uso reiterado de esta herramienta para enfrentar problemas sociales complejos, como la seguridad ciudadana, ha sido percibido por algunos sectores de la sociedad como un abuso que contradice los principios democráticos de proporcionalidad y razonabilidad.
El desequilibrio entre espíritu e interpretación taxativa de la ley afecta directamente la estabilidad democrática en nuestro país. Cuando las acciones de una autoridad se perciben como legalmente válidas pero carentes de legitimidad social, se genera desconfianza en las instituciones y esto termina por debilitar el contrato social, además de incentivar prácticas políticas que priorizan soluciones inmediatas, en detrimento de políticas públicas sostenibles y planificadas.
El sistema judicial también se ve afectado cuando esta contradicción no se maneja adecuadamente. Por un lado, jueces que priorizan la interpretación taxativa pueden fallar en garantizar justicia en casos donde el contexto exige una visión más amplia. Por otro lado, aquellos que intentan respetar el espíritu de la ley pueden ser acusados de subjetividad o politización. Esta polarización debilita la credibilidad del sistema y refuerza la percepción de discrecionalidad e inestabilidad.
En el caso ecuatoriano se impone la necesidad de afianzar un balance entre ambos enfoques. Si bien el apego a la ley es fundamental para garantizar la seguridad jurídica, también es crucial que las decisiones gubernamentales y judiciales respondan a principios éticos que fortalezcan la confianza ciudadana. Para ello es esencial promover reformas legislativas que aclaren criterios interpretativos, reforzar la formación ética de los operadores de justicia y fomentar un diálogo político que priorice el bienestar colectivo sobre los intereses partidistas.
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