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Desde hace varios años se ha entronizado la mediatización de la justicia en nuestro país, un fenómeno en el que desde los medios de comunicación se incide de manera significativa en el desarrollo y percepción de los procesos judiciales. Mediante la cobertura constante de ciertos casos, los medios llegan a moldear el pensamiento colectivo, presentando a personas como culpables o inocentes, antes de que un juez emita una sentencia oficial.
Hace un par de semanas se mostraron públicamente unos documentos en los que se aseguraba que Sebastián Barreiro, hijo de la vicepresidenta Verónica Abad, tenía cerca de 8 millones de dólares en diversas cuentas abiertas en paraísos fiscales. Los documentos no tenían ninguna certificación de autenticidad, era claramente forjados (muy mal forjados) y carecían de una procedencia de fuente confiable. Sin embargo de ello, fueron lanzados hacia la opinión pública sin contrastación alguna y sin haber consultado previamente al supuesto acusado para que confirmara o desmintiera el hecho.
Esta política del escándalo tiene graves efectos negativos sobre la sociedad y la institucionalidad del Ecuador. En primer lugar, afecta la presunción de inocencia, un principio fundamental del derecho, pues los medios tienden a presentar como culpables a personas que aún no han sido sentenciadas. Esto, a su vez, puede incidir en la percepción pública y en la presión que enfrentan los jueces y fiscales, quienes pueden sentirse influenciados por la opinión popular para evitar críticas o cuestionamientos a su labor, lo que compromete la independencia judicial y pone en duda la imparcialidad de las sentencias.
En segundo lugar, la mediatización contribuye a la deslegitimación de las instituciones judiciales, ya que la ciudadanía percibe que las decisiones se toman más por presión mediática que por un análisis profundo y técnico de las pruebas. Esto erosiona la confianza en el sistema judicial, lo cual es perjudicial para un Estado de derecho que debe asegurar procesos justos y equitativos.
Finalmente, la mediatización también provoca que ciertos casos ganen una relevancia desproporcionada en relación con otros, generando un trato desigual y haciendo que ciertos procesos sean tratados con mayor prioridad mediática que otros, lo que puede desviar la atención de otros temas importantes y generar una percepción de impunidad en casos que no cuentan con cobertura mediática.
El tema de fondo es que en estos casos, no existe derecho a la réplica que pueda resarcir el daño ya causado a la honra y a la presunción de inocencia de las personas. Y esto, lamentablemente, es algo que ciertos periodistas y medios de comunicación lo saben muy bien, y por eso profundizan la práctica exprofesa de lanzar “denuncias” sin sustento sólido, sin constrastación de fuentes y con la consigna de producir la mayor afectación posible, para dejar a un determinado actor en la posición más incómoda a la hora de enfrentar un proceso judicial.
Para mitigar los efectos negativos de la mediatización de la justicia, es fundamental que los medios de comunicación asuman una responsabilidad ética en su labor informativa, evitando prejuzgar a los involucrados y respetando el debido proceso. Asimismo, las instituciones judiciales deben reforzar su independencia y hacer valer el principio de presunción de inocencia, protegiendo la imparcialidad y transparencia de sus procedimientos frente a las presiones externas. Solo así se podrá fortalecer el Estado de derecho en Ecuador y garantizar una justicia equitativa para todos.
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