Hasta hace muy poco, la sociedad ni siquiera sabía cómo llamar a este delito y popularmente se lo denominaba despectivamente como ‘trata de blancas’. Afortunadamente la institucionalidad decidió tomar en serio la problemática y ahora se conoce que la trata de personas es un delito grave que afecta a miles de individuos en todo el mundo, y se trata del reclutamiento, transporte, traslado, acogida o recepción de personas mediante el uso de la fuerza, engaño u otras formas de coerción, con fines de explotación.
La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) reconoce que el Ecuador es un país en el que existen casos de trata de personas, pero, al igual que con la problemática del consumo de drogas, existe una ceguera en tanto a falta de datos. La Fiscalía General del Estado indica que entre 2016 y 2020 se registraron 604 denuncias de trata de personas en el país. De estas, el 80% de las víctimas fueron mujeres, y el 60% eran menores de edad. Sin embargo, estos números son solo la punta del iceberg, ya que muchas víctimas no denuncian por miedo a represalias o por desconfianza en las autoridades.
En nuestro país la trata de personas se manifiesta principalmente en dos formas: explotación sexual y trabajo forzoso. La explotación sexual involucra a mujeres y niñas que son forzadas a prostituirse, mientras que el trabajo forzoso afecta a hombres, mujeres y niños, obligándolos a trabajar en condiciones de explotación en sectores como la agricultura, la minería y el servicio doméstico. Otra forma alarmante de trata es la adopción ilegal de niños, donde menores son separados de sus familias y vendidos a parejas en el extranjero.
Lamentablemente existe un ecosistema socioeconómico que fortalece la despreciable práctica de la trata de personas, en el que la pobreza, la falta de oportunidades económicas, la desigualdad de género y la violencia doméstica son algunas de las causas principales que empujan a las personas hacia situaciones vulnerables. Además, la corrupción y la debilidad en la aplicación de la ley facilitan la perpetuación de este delito, y la migración también juega un papel importante ya que las personas que buscan mejores condiciones de vida son más susceptibles a ser engañadas y explotadas por tratantes.
¿Qué hacer frente a esa situación?
Enfrentar la trata de personas implica aplicar medidas integrales que van desde el fortalecimiento de las leyes y su ejecución; la capacitación de jueces, fiscales y policías en la identificación y tratamiento de casos de trata de personas; establecer refugios seguros y proporcionar apoyo psicológico, médico y legal a las víctimas; realizar campañas de sensibilización y educación para informar a la población sobre los riesgos y las señales de la trata de personas; y reforzar la educación en las comunidades vulnerables.
Mención aparte merece la cooperación internacional, pues al tratarse de un delito transnacional la cooperación con otros países y organizaciones internacionales es esencial para combatir las redes de tratantes y rescatar a las víctimas.
Además de todo lo mencionado, es vital la movilización colectiva para denunciar esta foma de delincuencia organizada y condenarla desde todos los espacios de la sociedad. No estamos hablando solo de un delito; estamos hablando de una vulneración profunda y grave a los derechos humanos más básicos como son el derecho a la vida, a la libertad y a la identidad.