Sin justicia no hay desarrollo

El basamento fundamental de una democracia no radica precisamente en la dimensión de lo político, sino más bien en la columna vertebral institucional que implica lo jurídico. Ese ámbito es el que garantiza la seguridad jurisdiccional, los derechos de los ciudadanos y el funcionamiento e interacción de cada función del Estado, así como el desempeño adecuado de los funcionarios. Sin un sistema judicial, no hay sociedad humana moderna que sobreviva, y por eso son muy importantes la solidez, credibilidad e independencia de instituciones como la Corte Nacional de Justicia, el Consejo de la Judicatura y la propia Fiscalía del Estado.

Es cierto que las comparaciones son odiosas, pero un ejemplo de ello son los tan mentados Estados Unidos. Si aquel país tiene algo de lo que se enorgullece institucionalmente es su sistema de justicia y el profundo respeto que existe en cuanto al cumplimiento de la ley y al accionar de la autoridad. Se trata prácticamente de una actitud colectiva que raya en lo cultural.

Cuán diferente es eso respecto de lo que ocurre en nuestro Ecuador. En las últimas décadas la Función Judicial y sus instituciones adscritas son las favoritas para el ‘manoseo’ de los grupos gobernantes políticos de turno. Desde la amenaza violenta con tanquetas de policía apostadas fuera del edificio de la Corte Suprema en los años 80 por parte del entonces presidente León Febres Cordero, pasando por ‘comisiones de notables’ que integraban esa corte con nombres que les eran convenientes a distintos partidos políticos, hasta llegar a eventos vergonzosos como los de la ‘Pichi’ Corte o la ‘metida de mano en la justicia’, protagonizados también por los gobiernos de entonces que intentaban fundamentar sus procesos de gobernabilidad no en la efectividad del desempeño de sus funciones, sino en el secuestro de instituciones que están llamadas a vigilar la legalidad de sus acciones y evitar así cualquier obstáculo en la consecución de su agenda de concentración poder. Esa ha sido la actitud constante del poder frente a lo judicial: agresión, manipulación y amenaza.

Ahora vemos atónitos un nuevo enfrentamiento en las entrañas mismas del sistema judicial. La Corte Nacional de Justicia se enfrenta al Consejo de la Judicatura. Consejeros de esa entidad destituyendo unos jueces y ampliando los períodos de ejercicio de esos cargos para otros. Decisiones adoptadas por mayorías curiosas de dos votos dentro de un consejo de cinco integrantes, votos dirimentes arbitrariamente interpretados como tal, en fin. Y a su vez un Consejo de la Judicatura enfrentado también a un gobierno desprestigiado, a la Fiscal del Estado y a la Corte Constitucional.

Disputa a dentelladas por espacios de poder que no son de las personas que ostentan cargos importantes ni de grupos específicos que intentan ‘alinearlos’ a su favor, sino de la sociedad que necesita responsabilidad, objetividad, honradez y solvencia intelectual y técnica de parte de todos los funcionarios judiciales y sus autoridades. Nuestro subdesarrollo nacional es producto, en gran parte, de esa politización y secuestro de la justicia.

Estamos a poco más de un mes para elegir a un nuevo gobierno, pero todos los ecuatorianos deben saber que mientras no se blinde a la Función Judicial de la contaminación del poder político, no habrá proceso de desarrollo que pueda llevarnos a un mejor futuro.