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El aumento de la criminalidad y la violencia en el Ecuador comienza a causar una preocupante mella, especialmente en la población joven que sufre un impacto por partida doble: tanto como actores reclutados por organizaciones delictivas, así como víctimas de la violencia que estas generan.
Es así que existe un preocupante incremento en el reclutamiento de jóvenes, tanto hombres como mujeres, por parte de organizaciones criminales, especialmente en zonas urbanas y áreas fronterizas. Las pandillas y los cárteles de narcotráfico ven en los jóvenes un recurso fácil de captar debido a la falta de oportunidades educativas y laborales, así como a la descomposición del tejido social en ciertas comunidades.
Según el Observatorio de Seguridad Ciudadana de Ecuador, el 60% de los integrantes de pandillas en el país son menores de 25 años. Estas organizaciones suelen reclutar a jóvenes a través de la coerción, ofreciendo dinero, protección o un sentido de pertenencia que no encuentran en sus entornos familiares o escolares. La participación en estas actividades ilícitas no solo los expone a ser capturados por las autoridades, sino que también aumenta su riesgo de ser asesinados por rivales o incluso por miembros de su propia organización.
Las mujeres jóvenes, aunque representan una menor proporción de los reclutados, han experimentado un aumento en su participación en estas actividades, muchas veces siendo utilizadas como “mulas” para el tráfico de drogas o en labores de inteligencia dentro de las organizaciones criminales.
El índice de jóvenes víctimas de la violencia en Ecuador ha escalado alarmantemente. En 2023, el país registró una tasa de homicidios de 25.7 por cada 100,000 habitantes, según cifras del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), siendo los jóvenes entre 15 y 29 años los más afectados. Este segmento de la población representó el 35% de todas las víctimas mortales de la violencia, un dato que pone de manifiesto la vulnerabilidad de la juventud en el contexto de la creciente criminalidad.
La violencia relacionada con el narcotráfico y las disputas entre pandillas son las principales causas de estas muertes. Los jóvenes se encuentran en la línea de fuego, no solo como miembros activos de estas organizaciones, sino también como víctimas colaterales en enfrentamientos que se producen en sus comunidades.
Quedarse en el diagnóstico no es suficiente. La sociedad y sus instituciones tienen la obligación de actuar ya, y para abordar esta crisis es crucial implementar estrategias integrales que incluyan la prevención, la educación y la reintegración social.
Proveer acceso a una educación de calidad y oportunidades de empleo para jóvenes en situación de riesgo puede reducir significativamente su vulnerabilidad al reclutamiento por organizaciones criminales. Programas de becas, capacitación técnica y formación para el empleo deben ser priorizados en áreas de alto riesgo, pero además es vital desarrollar programas de rehabilitación para aquellos jóvenes que han caído en las garras del crimen. Estos programas deben incluir apoyo psicológico, formación educativa y laboral, y la creación de redes de apoyo comunitario que les permitan alejarse definitivamente de la criminalidad.
Finalmente, la implementación de políticas de seguridad comunitaria que involucren a la ciudadanía en la prevención del delito puede ayudar a crear entornos más seguros para los jóvenes y eso incluye el fortalecimiento de la presencia policial en zonas de alta criminalidad, así como la promoción de actividades recreativas y culturales que mantengan a los jóvenes alejados de las calles.
La situación de la juventud en Ecuador en relación con la criminalidad es crítica, pero no irreversible. No podemos rendirnos y aceptar que las cosas están definidas por siempre. Con una acción coordinada entre Gobierno, comunidades y la sociedad en general es posible construir un futuro más seguro para los jóvenes, alejándolos de la violencia y ofreciéndoles un camino hacia una vida digna y productiva.
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