El consumo de drogas en Ecuador, una realidad invisibilizada

Todos los días somos testigos de cómo se inacutan cientos de toneladas de droga que salen desde nuestro país hacia distintos puntos del planeta. Y sin embargo, sin restarle gravedad al hecho de que el Ecuador se ha convertido en un enorme centro de distribución mundial de las drogas, no vemos que se enfoque con la misma atención lo que sucede casa adentro. ¿Qué está pasando con el consumo interno de drogas? ¿Cuál es el impacto en determinados sectores de la población por el consumo de drogas? Parece ser que eso a nadie le importa, pero allí justamente radica un grave problema: la indeferencia colectiva nos lleva a invisibilizar una realidad lacerante.

El hecho es que desde 2016 no se ha actualizado la información oficial sobre el consumo de drogas en el Ecuador y es evidente que esta falta de datos frescos afecta la capacidad del Estado para diseñar e implementar políticas públicas adecuadas, perpetuando un ciclo de criminalización y saturación del sistema judicial.

El último informe del que se tiene memoria es el de la Secretaría Técnica de Drogas (SETED), que se levantó en 2016. Ya hace ocho años, el consumo de drogas en Ecuador presentaba tendencias preocupantes. El estudio reveló que el 7.3% de los estudiantes de educación secundaria había consumido marihuana al menos una vez en el último año, mientras que el 4.5% había probado alguna droga ilícita distinta de la marihuana. A nivel nacional, la prevalencia de consumo de cocaína entre la población general fue del 0.7%, y de marihuana, del 4.3%.

La ausencia de datos actualizados impide la implementación de estrategias basadas en evidencia para la prevención y tratamiento del consumo de drogas, y, en su lugar, se escoge el camino más fácil: perpetuar un enfoque punitivo que criminaliza a los consumidores en lugar de tratarlos como personas que necesitan ayuda. Justamente por ello, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) criticó al Ecuador en 2018 por su enfoque de criminalización, subrayando que la política de drogas debía enfocarse en la salud pública y los derechos humanos, en lugar de la represión penal.

Este enfoque punitivo se refleja en las cifras de encarcelamiento. En 2017, el 40% de la población carcelaria de Ecuador estaba relacionada con delitos de drogas, según un informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC). La mayoría de estas personas eran consumidores o pequeños traficantes, lo que indica un uso desproporcionado de la justicia penal contra individuos de bajo nivel en la cadena del narcotráfico.

Este escenario tiene sus efectos en el ámbito de la administración de justicia pues existe una sobrecarga de casos relacionados con drogas. Ya en 2018, aproximadamente el 30% de los casos penales en Ecuador estaban relacionados con drogas.

Lo preocupante es que resulta evidente la falta de voluntad política de parte del Estado para abordar el problema y la aparente ‘comodidad’ de la autoridad ante la carencia de datos, como un justificativo para no impulsar programas de prevención y tratamiento del consumo, metiendo este problema en la congeladora y dejando su enfrentamiento únicamente al ámbito policial, cuando son obvias las implicaciones que tiene en cuanto a salud pública y alivio de la administración de justicia.