Cuando algo termina, termina

Elemento vital de la buena salud institucional de un país es la importancia de respetar los tiempos de permanencia de las autoridades en sus cargos. Esto garantiza el funcionamiento adecuado de las instituciones y el fortalecimiento de la democracia en la nación. Las funciones de órganos clave como la Fiscalía General del Estado, el Consejo Nacional Electoral (CNE), la Corte Constitucional, y los jueces de la Corte Nacional de Justicia son esenciales para la estabilidad del país. Sin embargo, la práctica de mantener a funcionarios subrogantes, cuando los mandatos de las autoridades terminan o quedan vacantes, genera serias consecuencias que debilitan la independencia de los poderes del Estado, distorsionan la justicia y fomentan la interferencia política en los procesos decisionales.

En el caso de la Fiscalía General del Estado, la figura de la Fiscal General es crucial para la investigación de delitos y la persecución de crímenes, especialmente en un contexto de creciente inseguridad y corrupción. Cuando la Fiscal de la Nación es sustituida o su mandato queda interrumpido sin un reemplazo adecuado, el vacío institucional puede generar una inestabilidad que afecta la efectividad del sistema judicial. Esto se ve reflejado en las dificultades para combatir el crimen organizado, la corrupción y otros delitos de alto impacto. El nombramiento provisional de una autoridad subrogante, por lo general elegido por intereses políticos, en lugar de una persona con el respaldo técnico y la autonomía necesaria, puede comprometer la objetividad e imparcialidad que debe regir la acción de la Fiscalía.

Algo similar ocurre con los miembros del CNE. Este órgano tiene la responsabilidad de organizar las elecciones, garantizar la transparencia del proceso electoral y asegurar que se respete la voluntad popular. El mandato de los consejeros del CNE, cuando no es respetado, o cuando se designan autoridades interinas o subrogantes por influencias políticas, puede afectar la credibilidad de las elecciones. El proceso electoral se convierte en un terreno propenso a la manipulación, lo que erosiona la confianza de la ciudadanía en las instituciones democráticas.

Pero más allá de todo lo expuesto, es hora ya de comenzar a respetar la ley y las normas. Las autoridades que provienen de concursos o procesos de selección deben irse cuando su período ha terminado, y las entidades nominadoras de nuevas autoridades, sean estas el Consejo de Participación Ciudadana, el propio Ejecutivo o la Asamblea Nacional, deben tomarse en serio esta obligación y trabajar en función de los intereses de la sociedad y no de grupos políticos que pretenden repartirse a las entidades de control y justicia para mantener parcelas de poder.

Como ciudadanos no podemos permitir que el Ecuador se convierta en el país de los subrrogantes o de los “encargados”. En este caso, tenemos leyes más que suficientes y claras para que los procesos de reemplazo de autoridades salientes se realicen dentro de los tiempos establecidos en la misma ley. Violar esta premisa genera una distorsión en la administración de justicia y el funcionamiento del sistema democrático, debilitando la orientación técnica de las instituciones y, lo que es peor, promoviendo la impunidad.

Es necesario, por tanto, respetar los tiempos de permanencia en el cargo de las autoridades y asegurar que aquellas que las sucedan sean designadas con criterios técnicos, basados en su trayectoria, capacidad y compromiso con la justicia y la transparencia. El fortalecimiento del Estado de derecho y la garantía de que las decisiones judiciales y electorales se tomen sin presiones externas son fundamentales para que Ecuador logre avanzar hacia una democracia sólida y justa.

Solo con autoridades legítimas, elegidas conforme a las normas y con estabilidad en sus cargos, se podrá asegurar el respeto a los derechos de los ciudadanos y el buen funcionamiento de la democracia.