Amenazas contra la democracia en el Ecuador

Estamos próximos a un nuevo proceso electoral en 2025 y la democracia ecuatoriana se enfrenta a una serie de amenazas graves que podrían poner en alto riesgo el desenlace de esos comicios, la estabilidad nacional y el futuro mismo de los ciudadanos. Entre estas amenazas destacan el crimen organizado, la debilidad institucional, la corrupción y la penetración del narcotráfico, todas ellas interrelacionadas y que se refuerzan mutuamente en un círculo vicioso que debilita las estructuras democráticas.

El crimen organizado ha crecido de manera exponencial en Ecuador, exacerbado por la expansión de cárteles de narcotráfico que han encontrado en el país un terreno fértil para sus actividades ilícitas. Estos grupos no solo manejan enormes sumas de dinero, sino que también ejercen un control coercitivo sobre territorios y comunidades, erosionando la soberanía estatal. La influencia de estos actores en el ámbito electoral es preocupante, ya que pueden alterar las elecciones mediante coacción, amenazas, violencia en forma de atentados (como el caso Villavicencio) y corrupción, distorsionando el resultado en favor de candidatos que favorezcan sus intereses.

A ellos se suma el impacto del narcotráfico y el lavado de activos que permiten la infiltración de recursos ilegales en la economía formal y la política. Estos flujos de dinero no solo fortalecen a las organizaciones criminales, sino que también corrompen a actores políticos y económicos, debilitando la integridad del sistema electoral. Las actividades económicas ilegales proporcionan recursos para campañas políticas desmedidas y para la compra de favores, distorsionando la competencia electoral y favoreciendo la corrupción.

Pero no todo es crimen organizado. Una amenaza latente y grave nace desde el corazón mismo del sistema y es la debilidad institucional. Las instituciones que deberían salvaguardar la democracia, como el Poder Judicial, la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas se encuentran sumidas en crisis de legitimidad y eficacia. La corrupción ha penetrado profundamente en estas instituciones y la visión de servicio ha sido reemplazada por prácticas corruptas y clientelistas. La falta de independencia en la administración de justicia y la corrupción endémica en la Policía y las Fuerzas Armadas afectan la capacidad del Estado para hacer cumplir la ley y garantizar la seguridad durante el proceso electoral.

Todo este escenario genera una desidia colectiva que deviene en la ignorancia política de los electores, que pone en situación de mayor fragilidad a la democracia ecuatoriana. En un contexto donde la educación cívica es deficiente, muchos ciudadanos carecen de la información necesaria para tomar decisiones informadas en las urnas. La falta de conciencia política y el desinterés por la calidad de los candidatos y sus propuestas contribuyen a la manipulación electoral y a la elección de líderes que pueden no tener un compromiso genuino con la democracia.

La interrelación de estas amenazas configura un panorama desafiante para las elecciones presidenciales de 2025. El Estado ecuatoriano necesita abordar de manera integral una reforma institucional, la lucha contra la corrupción y la educación cívica para recuperar la confianza en el sistema democrático y asegurar que los procesos electorales sean justos y transparentes. Sin una acción decisiva y coordinada, el futuro de la democracia en Ecuador seguirá siendo incierto, amenazado por un entorno de violencia, corrupción y desinformación que socava sus cimientos.