Justicia y protección para ellas

Macabra y silenciosa. Así es la realidad del Ecuador para las mujeres. 2023 fue el año más violento en la historia del país para ellas: en promedio, cada 27 horas una mujer fue asesinada brutalmente. Entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2023, 321 mujeres fueron asesinadas por razones de género en Ecuador. Estas cifras deben llamarnos no solo a la reflexión sino también a la indignación y al rechazo.

No quiero quedarme en el recuento de casos para visibilizar esta dramática situación, pero siempre es bueno contextualizar un escenario en el que más de la mitad de la población ecuatoriana está en serio riesgo: 128 femicidios fueron cometidos por el círculo más íntimo de las víctimas, es decir sus parejas o exparejas; 17 fueron transfeminicidios y 172 fueron asesinatos vinculados a sistemas criminales.

El hecho es que muchas de aquellas mujeres que ya no están entre nosotros acudieron al sistema de justicia para resguardar sus vidas, y sin embargo la institucionalidad no hizo nada para evitar sus asesinatos. De las 321 mujeres asesinadas en 2023, 37 habían reportado antecedentes de violencia, ocho tenían boleta de auxilio y seis habían sufrido abuso sexual.

No son fríos números. Son personas con una vida y familia detrás. 108 de las mujeres asesinadas eran madres y dejaron, por lo menos, a 187 hijos e hijas en la orfandad. Eso, sin contar que 15 de las mujeres asesinadas estaban embarazadas cuando les quitaron la vida.

No se trata de señalar con el dedo la ineficiencia de ciertos funcionarios judiciales que han perdido absolutamente el norte de servicio que es la razón de ser para que ocupen un cargo de semejante responsabilidad. Se trata de señalar a todo el sistema que debe replantearse profundamente sus procedimientos y su visión ante la sociedad.

El machismo y la ya inconsciente lógica patriarcal que guia el accionar de algunos jueces, fiscales y funcionarios judiciales es un lastre que debe ser erradicado y, en su lugar, es necesario instaurar en el sistema criterios de acción eminentemente técnicos y humanos, que protejan la vida y la integridad de las víctimas, para eliminar de una vez por todas procedimientos que las revictimizan y las ponen a merced de sus propios agresores, convirtiendo al Estado en un cómplice silencioso de la violencia contra la mujer.

Este 8 de marzo no bastan los saludos para ellas. Este día debe ser la oportunidad para poner sobre la mesa una situación dramática que debe ser abordada con decisión desde todos los sectores que integran la sociedad ecuatoriana, para cambiarla de verdad y no quedarnos en las reiteradas e inútiles proclamas de cada año.