Porte de armas: la calentura no está en las sábanas

En el Ecuador es deporte nacional escandalizarse por todo, y esa facilidad con que la opinión pública cae en una suerte de histeria colectiva es aprovechada por los gobernantes de turno para lanzar propuestas que muchas veces son globos de ensayo, ya sea para medir el sentir general o para distraer la atención.

Eso es justamente lo que ha ocurrido ahora con la medida anunciada por el gobierno de Guillermo Lasso de permitir el libre porte de armas entre los civiles. Esta decisión merece varias lecturas. Una de ellas, la improvisación y el modo inoportuno en que el presidente lanzó la propuesta a la nación, sin una discusión pública adecuada, sin información contextual que permita a las personas hacer un análisis sensato de la medida, y en medio de un clima exacerbado por la inseguridad y la violencia, que lo que ha provocado es llevar el tema hacia una discusión arrebatada de polos opuestos.

Por un lado están los extremistas defensores del porte de armas que han levantado un discurso de aniquilación, no solo a la delincuencia sino a quien piense políticamente distinto a ellos, y, por otro lado, los catastrofistas que vaticinan un baño de sangre, aún más dramático del que ya tenemos causado, únicamente por la medida.

Pero en realidad, no es ni lo uno ni lo otro. Por una parte, no estamos ante un ‘libre’ porte porque existe una normativa rigurosa que se debe cumplir para obtener el permiso exigido para llevar un arma de fuego, que no ha sido derogado. Y, por otra parte, tampoco estamos ante la posibilidad de hacer uso indiscriminado de un arma de fuego, porque existe una legislación vigente que sanciona penalmente al propietario de un arma de fuego, si ésta provocase daños o la muerte de un ser humano. En otras palabras, eso no se limita a sacar el arma de fuego y disparar antojadizamente sin que exista grave riesgo de una consecuencia penal por ello.

De hecho, existen miembros de la fuerza pública que han sido condenados a prisión por haber usado su arma de dotación contra presuntos delincuentes sin estar de servicio. Imaginemos entonces lo que le puede pasar a un ciudadano común en la circunstancia similar de disparar un arma y provocar una muerte.

El tema es delicado, sin duda, y exige tener una mirada mucho más amplia y que vaya más allá de lo que es el porte en sí. La tenencia y porte de armas en un país como el Ecuador demanda crear una infraestructura institucional confiable, lo más incorruptible posible, con adecuados mecanismos de control pre y post emisión de permisos, pero además el diseño de una política de Estado que garantice el derecho a la seguridad de las personas más allá de que esta pueda portar un arma o no.

La calentura no está en las sábanas, y la inseguridad no depende ni se soluciona con una medida como el porte de armas que ya está reglamentada en el Ecuador. La inseguridad se resuelve con la acción de un Estado que debe hacer lo que le corresponde como el custodio del monopolio de la fuerza pública contra el crimen organizado, pero también como el rector de políticas sociales, económicas, de empleo y de bienestar ciudadano que deben aplicarse simultáneamente para atacar la inseguridad por todos los frentes posibles.