El encarcelamiento: Una farsa en el Ecuador

El país sobrevive en medio de un círculo vicioso que se cierra cada vez más alrededor de su seguridad: policías que no tienen la capacidad de enfrentar al crimen organizado y que cuando logran atrapar a algún líder de las mafias que operan en la nación, miran muchas veces con impotencia que existen jueces que liberan a quienes detuvieron.

La inoperancia, corrupción y el temor son ahora condicionantes poderosos con que varios jueces del país emiten sentencias o pronunciamientos, y muchas veces tienen más fuerza que el cometimiento de delitos muy graves. Y no se trata de una mera especulación. Desde 2019, seis líderes de las organizaciones criminales Los Lobos, Los Tiguerones y Chone Killers han recibido rebaja de penas o han sido sobreseídos y liberados con artilugios judiciales.

Esto no puede ser una mera coincidencia ni mucho menos se trata de casos aislados. Estamos ante un claro modus operandi que es repetido una y otra vez por jueces que definitivamente no deberían ocupar estos altos cargos de responsabilidad que la sociedad les ha encomendado.

Bien dice el pueblo que ‘hecha la ley, hecha la trampa’. Muchos de esos reprochables magistrados se amparan en los ilimitados alcances de recursos como el habeas corpus y la ación de protección, que carecen de una adecuada demarcación para ejecutarlos. Esta situación genera una ‘zona gris’ en la que se pueden conceder esos recursos, pese a que muchos de quienes los solicitan tienen varios procesos encima y un historial delictivo escalofriante. Si a ello sumamos el alto índice de corruptibillidad que padecen las instituciones nacionales, estamos ante un cóctel explosivo que detona cada día en decenas de calles ecuatorianas, cobrando la vida de cientos de personas y desatando una violencia como nunca antes había visto este país.

Es evidente que se trata de un problema estructural, que una reforma institucional se hace cada vez más urgente y que el Ecuador necesita un plan integral de seguridad para recuperar la paz social, pero mientras esas soluciones de larguísimo plazo lleguen, sí existen paliativos que bien podrían aplicarse hasta tanto. Uno de ellos, el pronunciamiento de la Corte Constitucional para delimitar los recursos de habeas corpus y la acción de protección, y que sus sentencias constitucionales definan con claridad en qué casos se pueden presentar, en qué casos aquello no corresponde y hasta dónde puede llegar la aplicación de estos recursos.

A esta medida se suma la necesaria limpieza y reinstitucionalización de la SNAI, en cuyo interior existen funcionarios coludidos con los delincuentes y que no pueden ser separados de la institución justamente porque tras ser denunciados ante Fiscalía e iniciarse procesos en su contra, presentan acciones de protección que los jueces les conceden, permitiéndoles volver a sus puestos de trabajo para seguir corrompiendo el sistema. Como vemos, un círculo vicioso.

Finalmente, otro problema adicional es el de las medidas alternativas y la mala gestión que de ellas hacen algunos jueces que carecen de idoneidad profesional. Los magistrados deben estar claros que las medidas sustitutivas no reforman, revocan o sustituyen la pena de cárcel, y que son eminentemente temporales.

Círculos y más círculos viciosos que debemos romper. Como ciudadanos y usuarios del sistema de justicia, nuestra responsabilidad es no callar, seguir denunciando y visibilizar que las soluciones pasan por la decisión de autoridades que muchas veces actúan únicamente movidas por la presión colectiva. Y el presionarlos para que trabajen bien, ya no solo es nuestro derecho sino nuestro deber.