¿Ecuador es la Colombia de los 80 y 90?

Es probable que gran cantidad de ecuatorianos no recuerden la dolorosa imagen que mostraba ante el mundo la Colombia de los años 80 y 90 del siglo 20. Todos los días era común mirar en los segmentos internacionales de los noticieros reportajes sobre coches bomba, masacres carcelarias, enfrentamientos violentos entre cárteles de la droga, asesinatos en las calles y homicidios contra políticos y magistrados de alto nivel. ¿No les suena parecido a lo que ahora estamos viviendo en el Ecuador?

La situación de criminalidad y violencia que experimentaba nuestro vecino en aquel entonces tuvo un origen indiscutible: la incapacidad de un Estado para controlar el orden y reivindicar su monopolio sobre la administración de la fuerza y la justicia, pero además la generación de un vacío de poder que inmediatamente fue ocupado por los cárteles del narcotráfico que pudieron moverse a sus anchas y lograron estructurar “estados paralelos” con su propia dinámica económica, de seguridad, de despliegue social y deportivo e, incluso, con muy claras proyecciones políticas.

El gobierno colombiano pasó a ser un actor de segunda línea en medio del caos. La estelaridad la ocupaban los capos de los cárteles: Pablo Escobar y Gonzalo Rodríguez Gacha, en Medellín, y los hermanos Gilberto y Miguel Rodríguez Orejuela, en Cali. Entre ellos se libró una guerra sangrienta por controlar las más altas esferas del poder. Los presidentes de la república no pasaban de ser meras figuras decorativas ante la capacidad armamentística y el poder financiero de los grupos criminales que liquidaban jueces, fiscales y candidatos presidenciales, en medio de una impunidad y un miedo colectivo inmovilizadores.

A Colombia le tomó cerca de 30 años superar aquel pasado de criminalidad y violencia, y ello no ocurrió por arte de magia sino porque su Estado asumió la decisión y actitud de recuperar el poder, pero también porque el centro de la criminalidad organizada vinculada con el narcotráfico cambió de sitio y se mudó a México.

Pero, ¿qué pasa con nuestro Ecuador? Pues que somos testigos de síntomas de violencia y criminalidad muy similares a los que condujeron a Colombia hacia el caos hace tres décadas. La ausencia del Estado es evidente, las bandas narcodelictivas han iniciado una operación de reclutamiento de niños y jóvenes en los barrios populares para incorporarlos a sus filas, y la guerra entre ellas por tomar el control en las cárceles se ha salido de control. Esa violencia que hasta hace poco estuvo confinada en los centros de rehabilitación ya se está filtrando a las calles y el pánico colectivo se va acrecentando cada vez más, con las consecuencias sociales y económicas que eso conlleva.

¿Qué hacer ante ese escenario preocupante? Pues la única salida es que el Estado como tal, y en este caso el Gobierno como administrador de las fuerzas de seguridad nacionales, asuman su responsabilidad y lideren un proceso planificado de combate contra el crimen organizado, de la mano con Fiscalía y la administración de justicia, pero comprendiendo también que esa intervención debe ser integral e involucra además una presencia decisiva de la institucionalidad estatal en los barrios populares de aquellas zonas que hoy en día son las que más sufren con el ataque de la delincuencia. Esa presencia debe verse reflejada en servicios, restitución de derechos sociales y oportunidades de empleo.

Como vemos, ante la violencia criminal no basta interponer la violencia estatal y mucho menos la violencia particular con propuestas inadecuadas como el libre porte de armas. La violencia y el crimen se combaten con políticas de Estado que realmente fomenten el desarrollo social; una administración de justicia que cuente con el respaldo de la sociedad en general por su eficiencia y objetividad; y la intervención decidida de las fuerzas del orden dentro de un marco jurídico claro que garantice tanto los derechos ciudadanos como la seguridad jurídica de los mismos miembros policiales o militares para que puedan actuar con decisión.