Y la gran justicia, ¿para cuándo?

Una investigación, varios capos, una etiqueta, un medio digital, 11 altos funcionarios gubernamentales echados por la ventana, un gobierno tambaleante y una crisis política. Eso lo que tenemos hasta el momento. Pero, ¿y la justicia? ¿Acaso el grave caos que está viviendo el Ecuador ocurre justamente por la ausencia de este valor imprescindible para una sociedad y un Estado?

Mucho se ha hablado sobre el caso de ‘El Gran Padrino’ o caso ‘Encuentro’, y vemos que la reyerta ocurre en los medios de comunicación. De un lado, el portal La Posta lanza diariamente sucesivos capítulos de toda una telenovela basada en una trama de corrupción que supuestamente involucra al gobierno con los cárteles del narcotráfico; y de otro lado tenemos a un presidente de la República que sale a día seguido en cadena nacional de radio y televisión a desacreditar a sus acusadores, pero sin responder sobre aquello que se ha denunciado.

En medio de todo esto, ¿dónde está la administración de justicia? ¿No debería ser este el actor fundamental que intervenga para tomar en sus manos el caso e iniciar un proceso institucional de investigación? Parecería ser que en el Ecuador toda la gestión de la cosa pública se reduce a la acción del Ejecutivo, del Legislativo (a veces) y de los medios de comunicación. Esta dinámica es justamente la que ha ocasionado que los ciudadanos juzguen a priori y sin ningún criterio argumental sólido cualquier tipo de casos, y que se quiera linchar colectiva y públicamente a cualquier operador de justicia cuando emite una sentencia o acción en una dirección u otra.

Y esto no solo ocurre en el ámbito doméstico dentro de cualquier familia que se sienta a mirar el televisor. Lo hizo el propio presidente Guillermo Lasso al exponer públicamente el nombre de varios jueces en una reciente cadena nacional, a quienes juzgó como delincuentes y los descalificó por sus decisiones, cuando el propio mandatario debe saber que muchos de esos pronunciamientos judiciales implican la intervención de entidades adscritas el mismo Ejecutivo, como el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI), cuando se trata de procedimientos de prelibertad.

Tenemos un país sin capacidad crítica que olvida rápidamente los sucesivos casos de corrupción que ocurren en las altas esferas del poder. Una sociedad fácilmente manipulable que se escandaliza cuando agentes fiscales allanan una casa cualquiera (dependiendo de quién es el personaje allanado) y no se inmuta cuando ese allanamiento ocurre dentro del Palacio de Carondelet, en el despacho del secretario jurídico del presidente de la República, a pocos pasos del mismísimo despacho presidencial, en una acción institucional gravísima que denota hasta dónde está enquistada la corrupción, mientras un mandatario se resiste a dar la cara y se mantiene en el discurso estático de ‘en mi gobierno no existe corrupción de ninguna clase’, negándolo todo de manera sorda y sin argumento alguno.

Y sin embargo, muchos ciudadanos se estarán preguntando con sospecha por qué la Fiscalía dispuso ese allanamiento, y le achacan las causas a una vendeta política o, incluso, a la voluntad de un gobierno extranjero con una agenda que incluiría el fin de este gobierno, cuando en un país medianamente civilizado, la respuesta a esa pregunta es que la Fiscalía actúa porque existen indicios de un caso que merece investigación y punto.

Muchas veces nos cuestionamos qué es lo que nos diferencia de naciones desarrolladas, si tenemos todo para alcanzar ese desarrollo. Sí, quizá tenemos recursos naturales y materiales para ello. Pero carecemos de los recursos institucionales y eso nos mantiene en el subdesarrollo social y humano. Y uno de esos recursos vitales se llama Poder Judicial independiente, que actúe por sus propios fueros técnicos y legales. Sí, la ‘Gran Justicia’ que en otros países más avanzados es el contrapoder real a los ‘presidencialismos excesivos’. Si no, acordémonos del emblemático caso Watergate que concretiza el real significado de la manida frase ‘nadie está por encima de la ley’.