OSWALDO TRUJILLO

Qué el Plan Fénix no vuelva a las cenizas

Fotografía. El Universo

El impulso que el Gobierno ha dado a la lucha contra el crimen organizado es evidente y aquello ya rinde frutos: la percepción ciudadana de seguridad es mayor a la que teníamos hasta antes del 9 de enero último, y las actividades socioeconómicas se realizan con mayor libertad, pese al estado de excepción y las restricciones a la circulación nocturna. Sin embargo, el camino para acabar con la lacra de la violencia y la delincuencia aún es muy largo de recorrer y demanda una acción permanente del Gobierno a través de sus fuerzas del orden.

 

Es por esta razón que, como ciudadano, debo comentarles que existen varias situaciones que me preocupan. Una de ellas, ¿qué va a pasar en el país cuando los miembros de Fuerzas Armadas regresen a sus cuarteles para dejar el control del orden nuevamente en manos de la Policía Nacional? ¿Qué va a pasar con las cárceles cuando la SNAI sea nuevamente la entidad que se encargue de administrarlas, sin la asistencia de los militares? ¿Qué pasará con la diseminación de la extorsión en todo el territorio nacional, que aún es una tarea pendiente en la acción coercitiva del Estado que todavía no es capaz de erradicar?

 

Sabemos que la lucha contra los grupos terroristas de delincuencia organizada tomó al nuevo gobierno en una posición incómoda, sin recursos y sin capital político, pero pese a ello el régimen ha sido capaz de activar el ejercicio de su poder y perseguir a los criminales dentro y fuera de las cárceles. Sin embargo, nos gustaría ver qué se está haciendo en cuanto a medidas más profundas y contundentes, que van más allá de detener a operarios de tercer o cuarto nivel de esas organizaciones delictivas.

 

Nos gustaría saber y ver cómo se está golpeando a la estructura financiera de los grupos delincuenciales; cómo se está atacando al reclutamiento de jóvenes en sectores marginales para que no sigan engrosando el ejército de traficantes y sicarios que trabajan para los capos de las mafias; qué planificación se aplicará para ‘blindar’ a los operadores de justicia para que no sean víctimas de los cárteles o sus piezas funcionales al interior del sistema.

 

Estas interrogantes son pertinentes y estoy seguro que no soy el único ciudadano que se las pregunta. A fin de cuentas, somos quienes desarrollamos nuestra vida y actividades aquí y, evidentemente, seremos los primeros en percibir los beneficios de una política integral de seguridad bien ejecutada o las víctimas reincidentes de la aplicación de medidas parche que aliviarían el problema por un momento y luego permitirían que los criminales vuelvan a delinquir con mayor fuerza e impunidad.

 

Queremos ver de una vez por todas que el Plan Fénix planteado por el gobierno realmente tiene un alcance de política de Estado, que no sea una simple bengala que le ayude al presidente Noboa a su reelección en el 2025 y que su aplicación sea permanente y trascienda la presencia del futuro mandatario, sea quien fuere.

 

Somos los ciudadanos quienes demandamos aquello, porque ese es nuestro derecho y porque nuestro valor como ecuatorianos merecedores de un escenario adecuado para vivir, está mucho más allá de una participación en las urnas para depositar un voto.

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