No prevenir la violencia de género le cuesta 4 mil millones al estado

De acuerdo a cifras oficiales, el Ecuador ha perdido más de cuatro mil millones de dólares a causa de la violencia de género. Esta cifra se obtiene de la sumatoria de distintos elementos; por ejemplo, los millones de dólares que pierden las empresas por inasistencias, los ingresos que dejan de percibir las mujeres y la afectación que eso conlleva al gobierno y a la economía en general.

La violencia de género puede describirse como la que ejerce típicamente un hombre hacia su pareja de forma instrumental para conseguir determinados objetivos de control, intimidación, acoso o castigo. Cualquiera puede ser un agresor en potencia; sin embargo, existe una serie de factores de riesgo que elevan la probabilidad de que se produzca un episodio de violencia de género y que deben tenerse en cuenta:[1]

1. Personalidad del agresor,
2. Abuso de alcohol y otras drogas
3. Estructura atomizada y jerárquica de la familia
4. Parejas “informales”
5. Parejas muy jóvenes
6. Zona geográfica rural
7. Barrios con amplia problemática social
8. Situaciones de exclusión social

No pretendo simplificar un fenómeno tan amplio como la violencia de género en los parámetros enlistados, pero los menciono porque me parece que el gobierno debería considerarlos dentro de sus planes de prevención. Las políticas públicas deben ser lo suficientemente audaces y eficientes para hacer mucho con poco y poder resquebrajar paradigmas incrustados en la sociedad que hacen que se perpetúe el ciclo de violencia de generación a generación.

Es necesario que, sea el gobierno que sea, establezca y se respeten a perpetuidad políticas públicas claras para atacar los factores que contribuyen en el riesgo de existencia de violencia de género, al menos como medida preventiva.

Si se dan cuenta, cada uno de los factores enlistados es ya de por sí solo un problema, y si su existencia trae consigo la probabilidad de que exista violencia de género en su entorno, entonces es un doble peligro que debe ser atendido, de forma obligatoria, por los entes estatales preventivos.

[1] Estudios BUZAWA Y BUZAWA, 2003:31-53; LOSEKE 1993. Referidos en Criminología Crítica y Violencia de Género