Justicia ecuatoriana: no todo es negativo

En 2024 la justicia ecuatoriana enfrentó importantes retos al procesar casos de alto perfil que expusieron redes de corrupción, narcotráfico y abuso de poder. Entre ellos destacan los casos Purga, Metástasis y Encuentro, que generaron un profundo impacto en la opinión pública y cuestionaron la capacidad de las instituciones para enfrentar la corrupción y el crimen organizado. Podemos enumerar las graves falencias de la administración de justicia, pero también hay que reconocer que el tratamiento de estos casos demandó valor, rigor y decisión de funcionarios judiciales que es digno de reconocimiento.

El caso Purga destapó una trama de espionaje y manipulación política que involucraba a altos funcionarios del Gobierno y actores externos. Las investigaciones revelaron la infiltración de operadores en instituciones como la Fiscalía y el Consejo de la Judicatura, para garantizar impunidad en procesos judiciales clave. Aunque varias figuras fueron procesadas, la falta de protección para testigos y delaciones dejó interrogantes sobre la profundidad de las redes expuestas. De todas maneras, la señal que se emitió hacia la sociedad, encendiendo las alarmas respecto de la penetración de redes corruptas al interior del sistema de justicia, es un avance para presionar por una reestructuración institucional.

El caso Metástasis sacó a la luz un esquema de sobornos y contratos fraudulentos en hospitales públicos, que desviaron millones de dólares destinados a la adquisición de insumos médicos. Las denuncias iniciales provinieron de empleados internos y ciudadanos afectados por la falta de servicios. La justicia condenó a varios directores hospitalarios y empresarios. Si bien es cierto que las medidas para evitar la repetición de estos delitos aún parecen insuficientes, el procesamiento de los involucrados es un primer paso para profundizar y sentar jurisprudencia sobre casos similares que son comunes al interior de la administraciòn pública en el Ecuador.

El caso Encuentro involucró a figuras políticas y empresariales en una red de sobornos relacionados con proyectos de infraestructura financiados por organismos internacionales durante el gobierno de Guillermo Lasso. Este escándalo puso en evidencia la vulnerabilidad del país frente a prácticas corruptas en contrataciones públicas de gran escala. A pesar de la lentitud del proceso judicial y la ausencia de reformas estructurales en los procesos de contratación , aquí cabe rescatar la definición del sistema al emitir sentencias a actores de gran relevancia política, como el cuñado del ex presidente Lasso, cerrando el proceso sin dejar que quede en la impunidad.

A estos casos se suman el relacionado con narcopolítica, que develó el poder del narcotráfico en la financiación de campañas políticas. La justicia logró vincular a varios legisladores y alcaldes con estas redes, lo que resultó en la destitución de algunos de ellos. Sin embargo, los procesos judiciales enfrentaron trabas debido a presiones políticas y amenazas a los investigadores.

Las perspectivas para la administración de justicia en 2025 deberán tomar en cuenta varias fortalezas como una mayor participación ciudadana en la denuncia de delitos y la creciente presión social para sancionar casos de corrupción y crimen organizado. Sin embargo, también habrñá obstáculos por superar como los retrasos procesales debido a la falta de recursos humanos y tecnológicos, la vulnerabilidad frente a presiones políticas y económicas, y la insuficiente protección para denunciantes y testigos clave.

En este contexto se requiere con urgencia reformar los procesos de selección de jueces y fiscales para garantizar imparcialidad y transparencia; implementar sistemas de gestión digital para acelerar los procesos judiciales, así como crear mecanismos sólidos para proteger a quienes colaboren con la justicia en casos de alto perfil.

Casos como Purga, Metástasis y Encuentro han puesto a prueba al sistema judicial ecuatoriano, revelando tanto sus capacidades como sus limitaciones. La justicia tiene el reto de implementar reformas estructurales que fortalezcan su autonomía y eficiencia en 2025, un año crucial para recuperar la confianza ciudadana y garantizar el acceso igualitario a la justicia en el país.