Femicidio en Ecuador: círculo de violencia e impunidad

Quizá usted no conoce este dato: entre el 01 de enero y el 03 de septiembre de 2022 se produjeron 206 femicidios. Estamos hablando de 206 asesinatos violentos contra mujeres, en un lapso de 246 días. Si esta situación no despierta nuestro interés y preocupación, es hora de preguntarnos si nuestra colectividad merece seguir considerándose como una sociedad “civilizada”. Y eso no es todo: desde el 2014, en que se tipificó el femicidio como delito en el Ecuador, hasta lo que va de 2022, el país registra ya 1.247 casos.

Pero, ¿qué sucede con este problema, evidentemente grave, frente al cual sufrimos una especie de desensibilización? Desde mi personal punto de vista, y socialmente hablando, leemos a la situación bajo la óptica errónea de que se trata de un “problema de mujeres” y, en consecuencia, de un ámbito legal que se creó para reivindicar una causa de género (de allí el miope cuestionamiento de por qué tipificar la figura del “femicidio”, si ya existe la del “homicidio”), cuando en realidad se trata de una problemática de violencia social con sus propias dinámicas e impactos nefastos que no solo atañen a las mujeres, sino al tejido social en general. En ese contexto, basta señalar, por ejemplo, que producto de las muertes por femicidio que han ocurrido en lo que va de 2002, al menos 114 niños y adolescentes quedaron en la orfandad.

Como muchas de las cosas que suceden en el Ecuador, el tema del femicidio tomó estelaridad a partir de un caso en el que está involucrada institucionalmente la Policía Nacional, tras el asesinato de la abogada María Belén Bernal al interior de las instalaciones de la Escuela Superior de Policía y a manos, presuntamente, de un oficial de la misma entidad. El escándalo público y la presión colectiva provocada por este hecho colocaron al Gobierno y a la Policía contra la pared, pero lejos de despertar la voluntad gubernamental de impulsar cambios de fondo, se ha recurrido a una estrategia de “maquillaje” mediático echando mano a recursos banales como sacar al director anterior de la Escuela Superior de Policía y poner en su lugar a una oficial mujer, o la desatinada declaración presidencial de demoler el edificio en el que se produjo el asesinato de María Belén, cuando aquello atenta claramente contra la investigación del caso.

Afortunadamente la Fiscalía General del Estado hizo su trabajo y la fiscal María Isabel Jiménez, pidió no derrocar el edificio pues existe de por medio una investigación en curso y el lugar de los hechos es un componente vital de ese proceso. Esta solicitud fue acogida por la jueza del caso.

Y sin embargo, ¿cuál es la realidad en cuanto al tratamiento judicial de miles de casos de femicidio como el de María Belén Bernal? Pues que existe una constante de impunidad y lentitud en la administración de justicia: de los 1.247 casos ocurridos desde 2014, 231 tienen sentencia y 218 tienen sentencia condenatoria ejecutoriada. Estas cifras ponen en entredicho la idoneidad del sistema judicial para enfrentar un problema que, además, tiene como agravante adicional el hecho de que existe una población de tres millones de mujeres y niñas en el país que están en riesgo de violencia.

Como vemos, no es un tema de cifras o estadísticas de género. Es un asunto que nos debe importar a todos y en el que están en juego vidas humanas y el bienestar mismo de nuestra sociedad.