Consulta Popular: ¿solución para la seguridad?

Más allá de los diagnósticos, ahora, más que nunca, somos testigos de un ciclo pernicioso que afecta a la población y socava el funcionamiento de las instituciones en nuestro país. El escenario de violencia e inseguridad causada por el embate de la delincuencia organizada en el Ecuador, no viene solo sino que se entrelaza con una realidad laboral desafiante, en la que el desempleo ha alcanzado niveles de decadencia que escandalizan.

El desempleo no solo priva a los individuos de una fuente de ingresos, sino que también erosiona su sentido de seguridad y estabilidad.

La falta de oportunidades laborales empuja a muchos hacia la marginalidad económica, donde la tentación de recurrir a actividades delictivas como medio de subsistencia se vuelve más fuerte. Esto alimenta el ciclo de la inseguridad, contribuyendo a la proliferación de la delincuencia.

Además, el incremento de casos delictivos sobrecarga el sistema de justicia ecuatoriano, llevándolo al borde del colapso. La creciente cantidad de delitos para procesar supera la capacidad de las instituciones encargadas de administrar la justicia, generando retrasos en los procedimientos legales y la impunidad. Este colapso no solo afecta la confianza de la ciudadanía en el sistema judicial, sino que también permite que la delincuencia se arraigue más profundamente en la sociedad.

Este ambiente de inseguridad no solo afecta a nivel individual, sino que también mina la institucionalidad del país.

La incapacidad del Estado para garantizar la seguridad de sus ciudadanos socava su legitimidad y autoridad. Los ciudadanos pierden la confianza en las instituciones gubernamentales y buscan otras formas de protegerse, lo que puede incluir la creación de grupos de autodefensa o la exacerbación de tensiones sociales.

Para abordar esta problemática, es crucial adoptar un enfoque integral que combine medidas para estimular la creación de empleo con estrategias efectivas de prevención del delito y fortalecimiento del sistema judicial. Esto implica invertir en programas de capacitación y educación para mejorar la empleabilidad de la población, así como en el fortalecimiento de la seguridad ciudadana y la reforma del sistema judicial para garantizar su eficacia y transparencia.

La interdependencia entre el desempleo y la inseguridad en Ecuador no es una hipótesis. Se trata de un desafío multifacético duro y puro que requiere acciones concertadas a nivel social, económico y político. Solo abordando las causas que son comunes a estas dos problemáticas y fortaleciendo las instituciones, se podrá romper el ciclo de la inseguridad y construir un futuro más seguro y próspero para todos los ecuatorianos.