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Consulta Popular: ¿solución para la seguridad?

Consulta Popular: ¿solución para la seguridad?

Estamos a pocos días de volver a las urnas para pronunciarnos, nuevamente, en otra consulta popular. Esta vez son 11 preguntas las que deberemos responder, entre las que existen algunas que implican reformas parciales a la Constitución, enmiendas constitucionales y otras cuestiones. Gran cantidad de esas interrogantes se refieren al tema de seguridad, pero, desafortunadamente, de existir un pronunciamiento popular positivo, no hay certeza de los tiempos en que esas reformas o decisiones se aplicarían.

 

El Ecuador vive una democracia presidencialista y ya se ha convertido en una muletilla común eso de que ‘al pueblo hay que consultarle las veces que sea necesario’. Es cierto y justo el ejercicio democrático a través del voto directo, pero siempre y cuando los efectos de esas consultas sean palpables.

 

Preguntas relacionadas con la intervención de Fuerzas Armadas en el control de armas; el incremento de penas de varios delitos penales; y la referente a que las personas privadas de la libertad cumplan la totalidad de su pena dentro del centro de rehabilitación social necesariamente implicarán un proyecto de reformas al Código Orgánico Integral Penal (COIP) que deberá ser enviado por el Presidente de la República a la Asamblea Nacional.

 

La misma situación ocurre con las preguntas que hablan de una nueva tipificación del delito de tenencia o porte de armas y que el Estado sea el propietario de los bienes de origen ilícito o injustificado.

 

En ese sentido, tal como está configurada la consulta actual y en vista de su alto costo económico en medio de una austeridad y complicaciones financieras del Estado, habría resultado mucho más práctico que el Ejecutivo envíe ese proceso de reforma directamente hacia la Asamblea Nacional y hacer el trabajo político correspondiente para que sean aprobadas. No es justo gastar alrededor de 60 millones de dólares en una consulta cuyos efectos pudieron haberse logrado mediante la interacción adecuada de los mismos poderes del Estado.

 

Lo que preocupa es que la resolución de las preguntas difícilmente lograrán resolver el problema de la inseguridad, cuyas soluciones pasan por aplicar otras medidas y planes que van desde un replanteamiento de algunas herramientas legales, hasta la reinstitucionalización de entidades como la Función Judicial, la Policía Nacional y el sistema nacional de cárceles. Mientras esos tópicos no se toquen, y quedan absolutamente intocados en la actual consulta, no llegaremos muy lejos solamente con las reformas planteadas.

 

El uso político de una herramienta democrática tan delicada como la consulta popular no puede continuar. Los candidatos y movimientos políticos deben ser lo suficientemente responsables para hacer el trabajo que el electorado les ha encomendado, que es administrar y gestionar la cosas pública con los recursos disponibles y no apelar a la voluntad popular para jugar a concursos de popularidad o pretender ampliar artificialmente su capital político.

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